Empresarios Chihuahuenses rechazan el aumento del Impuesto Sobre Nómina (ISN)

Por Ana Paula Kiyama —

La propuesta incluida en el Paquete Económico 2026 para el estado de Chihuahua —que contempla elevar la tasa del Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3% al 4% y la incorporación de una cuota adicional por trabajador— desató un fuerte rechazo del sector privado local y organismos empresariales de la frontera, que advierten efectos negativos sobre la competitividad, los costos operativos y el empleo formal en la región.

Según el proyecto estatal que se discute como parte del Paquete Económico 2026, la tasa del ISN se elevaría en un punto porcentual (de 3% a 4%) para los ejercicios fiscales 2026 y 2027, y se contempla además cobrar una cuota adicional por trabajador (reportes locales la describen como una UMA por trabajador o un monto fijo agregado). El gobierno estatal argumenta que los ajustes buscan compensar recortes o reducciones de transferencias federales y fortalecer las finanzas públicas.

Reacción del sector empresarial en la frontera

Cámaras y asociaciones empresariales —entre ellas Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco)— han emitido comunicados y posicionamientos públicos manifestando rechazo. Señalan que el ISN es un gravamen directo sobre la nómina que afecta la formalidad del empleo, la atracción de inversión y la competitividad de la región fronteriza, donde los márgenes son ajustados y la cercanía con EE. UU. potencia la competencia.

Organizaciones locales en Juárez han hecho público su descontento en ruedas de prensa y posicionamientos con frases como “no existen condiciones para aprobar un incremento adicional” y advierten que la medida aumentaría la carga fiscal de las empresas justo cuando la actividad ya enfrenta presiones de costos.

El Congreso del Estado inició las sesiones para discutir el Paquete Económico 2026 en diciembre de 2025; en varios reportes locales se registró debate público sobre el aumento al ISN los días 15–17 de diciembre. Algunos medios reportaron que, en caso de a probarse, la medida podría implicar una recaudación adicional estatal del orden de miles de millones de pesos (un medio local citó estimaciones de hasta 9,400 millones de pesos en 2026), cifra que el gobierno usa para justificar el ajuste. Por su parte, los empresarios cuestionan la proporcionalidad y eficiencia del uso de esos recursos.

Impactos esperados para empresas en Juárez y la franja fronteriza

1. Aumento inmediato de costos laborales: Un punto porcentual adicional sobre la nómina y una cuota por trabajador elevan el costo de cada plaza; para empresas de baja rentabilidad esto puede significar recortes en contrataciones o reducción de horas.

2. Efecto en la competitividad frente a maquila y servicios transfronterizos: La frontera compite con climas fiscales y operativos muy distintos; un salto en ISN puede erosionar la ventaja relativa ante plantas o servicios ubicados en estados con menores cargas.

3. Presión sobre empleo formal: Las cámaras advierten riesgo de subcontratación, outsourcing o informalidad como respuesta empresarial para reducir costos, lo cual contraviene objetivos sociales y fiscales.

4. Posible traslado de costos al consumidor: En sectores con margen para ajustar precios, parte del impacto podría trasladarse a tarifas y precios locales, presionando la demanda interna.

5. Decisiones de inversión diferida o reubicación: Proyectos de expansión o nuevas inversiones podrían postergarse o reubicarse a estados con menor presión fiscal.

Postura del gobierno y argumentos públicos

El Ejecutivo estatal defiende la propuesta señalando la necesidad de incrementar la recaudación para mantener servicios públicos, cubrir compromisos financieros y compensar recortes federales en partidas. También argumenta que el incremento es temporal o destinado a rubros específicos en algunos borradores. Sin embargo, los sectores productivos piden transparencia en el destino del recurso y alternativas que no lesionen el empleo.

Ante la incertidumbre y la posibilidad de que la medida entre en vigor a partir del 1 de enero de 2026 (fecha en la que mayor parte de las reformas fiscales suelen comenzar a regir si se aprueban), las empresas pueden y deben tomar medidas concretas:

1. Modelar escenarios financieros: Simular el impacto de +1% y de la cuota por trabajador en cash-flow, costo por empleado y precio unitario. (Pida a su contador un escenario conservador y otro optimista).

2. Revisar la estructura de personal: Identificar áreas donde se puede mejorar productividad, reorganizar turnos o implementar capacitación que aumente productividad por peso pagado. Evitar medidas que lleven a la informalidad.

3. Optimización fiscal y cumplimiento: Consultar con su asesor fiscal para identificar deducciones, incentivos o regímenes especiales que atenúen carga tributaria dentro de la legalidad.

4. Unirse a cámaras y mesas de diálogo: Coordinar posiciones (posicionamientos públicos, foros, cabildeo) con CCE, Coparmex, Canaco y asociaciones locales para buscar alternativas al aumento o tiempos escalonados.

5. Evaluar medidas de eficiencia operativa: Automatización de procesos, renegociación de contratos con proveedores y revisión de portafolio de productos/servicios.

6. Comunicación interna y externa: Preparar mensajes para colaboradores y clientes que expliquen ajustes necesarios sin generar pánico.

7. Explorar acciones legales o amparos: Si procediera y en coordinación con cámaras, estudiar vías jurídicas si se considera que la aprobación incumple procedimientos o vulnera la competitividad. (Consultar abogado especializado).

El proceso legislativo estatal podría culminar con la aprobación y publicación en el Diario Oficial estatal antes de que termine diciembre; si se aprueba, los cambios aplicarían en 2026 salvo que se señale lo contrario en el texto legal. Por la naturaleza del tema, se recomienda a los empresarios mantener vigilancia diaria de sesiones y comunicados del Congreso y de las cámaras empresariales.