Empresarios repudian cobros de derechos de autor y exigen claridad legal

La dirigencia de Canaco Juárez encabezada por el presidente Iván Pérez emitió un firme pronunciamiento contra prácticas consideradas abusivas por parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), presidida por Martín Urieta.

Pérez alertó que durante las últimas semanas varios establecimientos —restaurantes y comercios— han recibido llamadas o visitas por parte de compositores o representantes insistiendo en cobros por derechos de autor, incluso cuando dichos cobros no se habían aplicado el año anterior.

“Aquí el llamado es, de nueva cuenta, decirles a estos empresarios que no debemos hacer ningún pago a estos autores y compositores. Ellos simplemente tienen un catálogo limitado de canciones…” dijo el dirigente, señalando que, como resultado, muchos establecimientos han optado por reproducir únicamente música instrumental o ambiental para evitar presiones indebidas.

La Canaco argumenta que estos cobros no tienen sustento legal actual, ya que la legislación vigente de derechos de autor no ha sido modificada desde 1996, por lo que las demandas recientes carecen de base jurídica suficiente.

Para esclarecer la situación, Canaco ha solicitado formalmente al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) una copia certificada del convenio entre el INPI y la SACM (o INPE), del cual no se conocen sus términos completos. Dicha solicitud se hizo a través de una petición de transparencia amparada en el artículo 8 constitucional, con el objetivo de revisar los términos legales y verificar posibles obligaciones reales de los empresarios.

Procedimientos pendientes ante CONCANACU

El dirigente también se refirió a un procedimiento iniciado en su contra y en contra de otros ocho presidentes de cámaras locales en Chihuahua por parte de la CONCANACU (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio). A casi tres meses de haber presentado su defensa, aún no se ha dictado resolución.

Pérez exige al presidente nacional, Octavio de la Torre, que se esclarezca el estatus de dichos procesos (amonestación, expulsión o sobreseimiento), ya que actualmente se encuentran en un limbo que les impide participar en reuniones nacionales y les prohíbe el acceso a instalaciones de CANACU en el estado.

“El ser humano es lo peor que puede sufrir es la incertidumbre”, citó Pérez refiriéndose al impacto emocional y organizativo de este paralizante estado de indefinición entre los representantes del sector.