La ley marcial es una medida excepcional en la que el control de un país se transfiere de las autoridades civiles a las militares, usualmente en respuesta a crisis graves como invasiones, insurrecciones o emergencias internas. En Corea del Sur, esta figura tiene un pasado sombrío, vinculada a los regímenes autoritarios que dominaron el país hasta finales de la década de 1980.
El reciente intento del presidente Yoon Suk Yeol de imponer la ley marcial estuvo motivado por el creciente enfrentamiento entre su gobierno y la oposición política, así como por los obstáculos para aprobar el presupuesto nacional. Ante la falta de control sobre la Asamblea Nacional y las crecientes críticas públicas, Yoon justificó su decisión aludiendo a la necesidad de "proteger al país de fuerzas pronorcoreanas y antiestatales". Sin embargo, esta narrativa no logró convencer ni a los ciudadanos ni a las instituciones democráticas del país.
Un rechazo contundente desde las instituciones y las calles
La Asamblea Nacional, con una votación unánime, declaró ilegal el decreto de ley marcial. Incluso miembros del Partido del Poder Popular, al que pertenece Yoon, se distanciaron de su líder, calificando la medida como inconstitucional. Este acto de unidad refleja una Corea del Sur diferente a la de décadas pasadas, cuando la ley marcial era un instrumento común para sofocar disidencia bajo regímenes militares.
Además, miles de ciudadanos se unieron en manifestaciones pacíficas, exigiendo la dimisión del presidente. Esto recuerda el poder que tienen los movimientos democráticos en Corea del Sur, como lo demostraron en 2017 al derrocar a la entonces presidenta Park Geun-hye por corrupción.
Tensiones políticas y descontento social
La decisión de Yoon de recurrir a la ley marcial no puede separarse del contexto de su debilitada administración. Desde su elección en 2022 por un margen estrecho, su gestión ha sido marcada por controversias: políticas laborales impopulares, tensiones con Japón y escándalos de corrupción relacionados con su esposa. Estos factores han reducido su índice de aprobación al 32.7% en 2024, con una percepción generalizada de que la calidad democrática del país está en declive.
Su creciente uso del veto presidencial y sus acusaciones infundadas contra la oposición de conspirar con Corea del Norte han intensificado el malestar social. Estas declaraciones peligrosas evocan recuerdos de la masacre de Gwangju en 1980, donde miles murieron bajo una dictadura que justificó la represión alegando interferencia norcoreana.
Impacto económico y regional
El intento de Yoon de imponer medidas autoritarias no solo amenaza la estabilidad política interna, sino también la posición de Corea del Sur como un centro de innovación tecnológica, destino de inversión extranjera y potencia cultural. La percepción de inestabilidad política puede dañar la confianza internacional en el país, poniendo en riesgo décadas de progreso económico.
Una lección para el liderazgo global
El episodio es un recordatorio de que incluso en democracias consolidadas, los líderes no están exentos de errores de juicio que pueden amenazar los cimientos de sus naciones. No obstante, también subraya la fortaleza de las instituciones democráticas de Corea del Sur, que han logrado frenar medidas que podrían haber tenido consecuencias devastadoras.
A medida que el país enfrenta las secuelas de esta crisis política, queda claro que el futuro de Yoon Suk Yeol está cada vez más comprometido. Su incapacidad para escuchar a la ciudadanía y respetar los valores democráticos podría marcar el final de su carrera política. Mientras tanto, el pueblo surcoreano y sus instituciones siguen mostrando al mundo cómo defender la democracia frente a la adversidad.
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