¿Sabes que el SAT ya puede acceder a tu información bancaria sin orden judicial?

El secreto bancario se encuentra establecido en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y protege la confidencialidad de los documentos y operaciones celebradas entre el particular y las instituciones de crédito


Foto: Agencias

Por Adriana Rodríguez Carreón Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el secreto bancario consiste en la protección que los bancos e instituciones financieras deben otorgar a la información relativa a los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza, que reciban de sus clientes. Se entiende que esta información es parte de la privacidad de los clientes del sistema financiero. Si no existiera esta norma, cualquier persona podría solicitar en un banco, por ejemplo, información sobre los movimientos de las cuentas de una persona.


Las instituciones de crédito, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.


Como excepción, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar esta información, cuando lo solicite la autoridad judicial siempre que exista un juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. En estos casos, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.


En veintiocho fracciones, el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito enmarca las operaciones autorizadas para las instituciones de crédito. Algunas de ellas son las siguientes:


  • Recibir depósitos bancarios de dinero

  • Aceptar préstamos y créditos

  • Emitir bonos bancarios

  • Emitir obligaciones subordinadas

  • Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del exterior

  • Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos

  • Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente

  • Promover la organización y transformación de toda clase de empresas o sociedades mercantiles y suscribir y conservar acciones o partes de interés en las mismas, en los términos de esta Ley

  • Operar con documentos mercantiles por cuenta propia

  • Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y divisas, incluyendo reportos sobre estas últimas

  • Prestar servicio de cajas de seguridad

  • Expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos créditos y realizar pagos por cuenta de clientes

  • Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones.

  • Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de títulos o valores y en general de documentos mercantiles

  • Actuar como representante común de los tenedores de títulos de crédito

  • Hacer servicio de caja y tesorería relativo a títulos de crédito, por cuenta de las emisoras

  • Llevar la contabilidad y los libros de actas y de registro de sociedades y empresas

  • Desempeñar el cargo de albacea

  • Desempeñar la sindicatura o encargarse de la liquidación judicial o extrajudicial de negociaciones, establecimientos, concursos o herencias;

  • Encargarse de hacer avalúos que tendrán la misma fuerza probatoria que las leyes asignan a los hechos por corredor público o perito

  • Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda

  • Celebrar contratos de arrendamiento financiero y adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos

  • Efectuar operaciones de factoraje financiero


En estos días del mes de mayo del año en curso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional que las autoridades hacendarias accedan a la información bancaria de personas y empresas sin necesidad de una orden judicial previa, reportó Reforma.


La Primera Sala aprobó una jurisprudencia que avala un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito, en el que se establece que el secreto bancario no opera cuando las autoridades hacendarias federales requieren información para fines fiscales, de acuerdo con el medio.


“La norma no es contraria al texto constitucional, pues si bien el artículo 16 protege el derecho a la privacidad, la facultad de las autoridades hacendarias para obtener información bancaria sin autorización judicial persigue una finalidad legítima y satisface los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad”.


La legislación establece que, si media un juicio contra el titular o alguien directamente vinculado con la cuenta, las autoridades judiciales pueden tener acceso a los datos. Es decir, aquí no aplicaría secreto bancario.


Entre las autoridades que pueden pedir estos datos están:


  • El Procurador General de la República, el procurador general de Justicia Militar o los procuradores generales de justicia de los estados; o, en su defecto, los funcionarios que ellos designen para «la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado».

  • Las autoridades hacendarias federales, siempre que se trate de un tema fiscal.

  • La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  • El Tesorero de la Federación.

  • La Auditoría Superior de la Federación.

  • El titular y los subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública.

  • La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.


Adriana Rodríguez Carreón

Contador Público Certificado

cpc.adriana.rodriguez@gmail.com





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