Más allá del operativo en Chihuahua
Por Gerardo Sáenz
Los mexicanos hemos visto la evolución que ha tenido el crimen organizado en todo el país. Esto se hace evidente por el incremento en la violencia y el nivel de crueldad con que llevan a cabo sus acciones, pero también por la sofisticación y amplitud de sus delitos, así como por la capacidad de expandir sus operaciones internacionalmente. Pero no solo en esos ámbitos ha cambiado; el embate delincuencial ha llegado al punto en que el debate político está más enfocado en proteger narrativas que en discutir el verdadero tamaño del problema y sus implicaciones.
Esto cobra una relevancia particular porque hace unas semanas se llevó a cabo el descubrimiento y posterior desmantelamiento de uno de los laboratorios de narcotraficantes más grandes del país, donde se incautaron 55 mil litros de precursores químicos líquidos y 50 toneladas de precursores sólidos, además de 2 mil litros de metanfetamina ya procesada.
Tras el operativo, cuatro personas —dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación y dos estadounidenses pertenecientes a la Agencia Central de Inteligencia— perdieron la vida en un accidente automovilístico. Al hacerse públicos estos acontecimientos, se iniciaron investigaciones por parte de la FGR por posibles violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, al permitir que agentes extranjeros no acreditados tuvieran presencia operativa en territorio nacional.
En este punto vale la pena analizar por qué agentes de la CIA y no de la DEA; y para esto debemos considerar lo siguiente: la misión de la DEA es eminentemente policiaca, es decir, investigar y perseguir delitos federales relacionados con drogas para asegurar evidencias aceptables en juicios en Estados Unidos. Por su parte, la CIA tiene como misión proveer inteligencia estratégica al presidente y a los tomadores de decisiones sobre amenazas internacionales.
Según la Estrategia Antidrogas de la Casa Blanca, la producción de drogas sintéticas a gran escala, como las metanfetaminas y el fentanilo, es considerada una amenaza real para la seguridad nacional. De 2021 a 2024, el fentanilo provocó aproximadamente 300 mil muertes, comparadas con las 58 mil de la guerra de Vietnam o las 36 mil de la guerra de Corea. Esa es la razón por la cual algunos cárteles mexicanos han comenzado a ser considerados organizaciones terroristas.
Ahora bien, como ya dije antes, el crimen organizado en México ha evolucionado; ya no son bandas locales ni grupos improvisados. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, tanto al Cártel de Sinaloa como al CJNG se les atribuye presencia en decenas de países. Esto implica que poseen logística internacional, armamento, inteligencia y sofisticadas redes financieras. Hace mucho tiempo que los cárteles mexicanos dejaron de ser un problema exclusivamente nacional.
Si las organizaciones criminales han evolucionado, es necesario que la forma de combatirlas también cambie. Se necesita cooperación internacional para hacer frente a estos grupos de manera efectiva; claro que con reglas claras y con medidas que trasciendan el nacionalismo ramplón. Sin embargo, en este momento, la discusión pública que algunos quieren instalar parece más indignada por quién ayudó a localizar y destruir el laboratorio que por la existencia misma del laboratorio.
Esto nos trae a la mente una serie de dudas que presentan un cuestionamiento central: ¿por qué el oficialismo parece más interesado en llevar este caso de Chihuahua a un conflicto político, en lugar de discutir cómo y quién instaló una estructura criminal de ese tamaño y con ese alcance?
La guerra de narrativas es solo la cara visible de una confrontación más profunda y significativa. Por un lado, tenemos a los oficialistas que enarbolan la bandera de la soberanía nacional y, por el otro, la del combate real al crimen organizado; pero quedarnos únicamente con la exposición de los dichos de cada quien evita que nos demos cuenta de las verdaderas condiciones que enfrentamos los mexicanos ante el avance criminal.
La reciente solicitud norteamericana para detener provisionalmente a Rubén Rocha Moya con fines de extradición ha generado una fuerte presión política y mediática sobre la narrativa de seguridad de la Cuarta Transformación. Tal vez por eso —y remarco el “tal vez”— parte del oficialismo ha buscado trasladar la discusión hacia Chihuahua y hacia la gobernadora Maru Campos; sin embargo, hacerlo evita discutir un tema mucho más delicado: el tamaño real de las estructuras criminales que hoy operan en México y el nivel de penetración e influencia que han alcanzado.
Resulta legítimo que discutamos los límites de la cooperación internacional en términos de combate al narcotráfico y a las organizaciones internacionales del crimen, pero también es legítimo preguntarnos por qué algunos sectores políticos se sienten más incómodos con aquellos que combaten a los criminales que con los propios criminales.
Para todo esto, la pregunta no es solamente quién y de qué manera intervino en el operativo para desmantelar el narcolaboratorio de Chihuahua, sino cuáles son las razones por las que alguien esté dispuesto a movilizarse y enfrentarse políticamente con aquellos que combaten a los cárteles.
Por Gerardo Sáenz
