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Centro Cultural Paso del Norte: la rehabilitación que Juárez estaba esperando


Qué se está haciendo, por qué importa y qué puede traerle a la región


Este septiembre de 2025 Ciudad Juárez vive un movimiento silencioso pero significativo en su mapa cultural: la rehabilitación del Centro Cultural Paso del Norte (CCPN), cuyo corazón —el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda— quedó fuera de operaciones desde julio para recibir atención técnica prioritaria, mientras el gobierno estatal lanza la segunda etapa de obras mediante licitación pública. Lo que en apariencia son trabajos de cableado, aire acondicionado y techado es, en realidad, una intervención con potencial para reactivar la escena artística local, mejorar la infraestructura urbana y mover recursos económicos en tiempos que la ciudad busca nuevas narrativas de desarrollo.


¿Qué se está haciendo exactamente?

  • Primera etapa (iniciada julio 2025): trabajos en el teatro Víctor Hugo Rascón Banda centrados en renovación del sistema eléctrico, reemplazo/modernización de la climatización e impermeabilización del inmueble; esta fase implicó el cierre temporal del teatro.

  • Inversión inmediata: medios locales reportan una inyección inicial cercana a 25 millones de pesos para trabajos prioritarios de mantenimiento y seguridad.

  • Segunda etapa (licitación SCOP-LPN-028-2025): convocatoria pública para contratación de obras de conservación más amplias —instalaciones eléctricas, mecánicas, distribución de fuerza, sistemas HVAC y otras— con plazos y visitas programadas; el monto requerido para concluir integralmente el CCPN se ha estimado entre 130 y 140 millones de pesos, por lo que la intervención se realizará por fases.


¿Por qué esta obra importa —más allá de las paredes y el teatro?

  • Defensa del patrimonio y reapertura de un espacio simbólico. El CCPN, con veinte años de vida en la ciudad, ha sido sede de festivales, muestras y formación artística. Arreglar su infraestructura equivale a rescatar un nodo crítico para la producción cultural local —no sólo para espectáculos grandes, sino para talleres, talleres escolares y circuitos estatales. La Secretaría de Cultura y la programación estatal (por ejemplo la Muestra Estatal de Teatro) evidencian su papel como sede regional.

  • Seguridad y operación profesional del recinto. Renovar sistemas eléctricos y de climatización reduce riesgos (incendios, fallas técnicas) y mejora la experiencia del público y los artistas. Muchas salas medianas viven con equipos obsoletos: la inversión corrige fallas que han impedido programaciones regulares.

  • Efecto multiplicador económico. Las obras generan empleo directo en construcción y mantenimiento; a mediano plazo, la reapertura estimula consumo en restaurantes, transporte y hospedaje cuando haya eventos, además de crear espacios para productores culturales independientes. Los montos y la licitación pública indican que hay flujo de recursos y oportunidades para empresas locales.

  • Construcción de imagen urbana y confianza ciudadana. Rehabilitar equipamiento público visible —sobre todo en centros culturales— contribuye a una narrativa de cuidado urbano que influye en percepciones sobre seguridad, gobernanza y calidad de vida; para la política cultural es un mensaje: la cultura recibe prioridad.

  • Ecosistema cultural más resiliente. Cuando un recinto relevante retoma funciones técnicas óptimas, festivales estatales, agrupaciones locales y ciclos escolares recuperan programación estable; eso fortalece cadenas productivas (técnicos de iluminación, empresas de montaje, gestores). La continuidad es clave para profesionalizar la oferta cultural.


Riesgos y retos — lo que hace falta vigilar

  • Financiamiento por fases: los 25 M iniciales son solo la cura para lo urgente; la completa rehabilitación requiere mucho más (130–140 M), por lo que existe el riesgo de parches si no se asegura presupuesto a futuro. La fragmentación de obras puede alargar cierres parciales o limitar la funcionalidad.

  • Transparencia en la licitación y ejecución: la convocatoria exige capacidad financiera mínima a las empresas interesadas; la vigilancia ciudadana y el escrutinio mediático serán útiles para garantizar calidad y precios justos.

  • Gestión cultural complementaria: infraestructura no es lo mismo que programación. Para que la inversión rinda, debe haber políticas de fomento —apoyos a compañías locales, residencias artísticas, programación escolar— que maximicen uso y accesibilidad. (Fuente: análisis comparado con experiencias de recuperación de recintos culturales en otras ciudades).


Qué traerá a la región — escenarios plausibles

A corto plazo (0–12 meses): mejor clima y seguridad técnica en áreas rehabilitadas; reapertura gradual de salas; reubicación de eventos estatales mientras hay obras; empleos temporales en construcción.

A mediano plazo (1–3 años): retorno de festivales y ciclos culturales; mayor flujo de audiencias locales y visitantes de la frontera; oportunidades comerciales para proveedores locales; posibilidad de que el CCPN vuelva a posicionarse como sede clave en la frontera norte. (

A largo plazo (3+ años): si se asegura inversión para la fase integral, el CCPN podrá operar a su máxima capacidad, fomentando formación artística, vinculaciones con El Paso (programas transfronterizos) y mayor presencia en circuitos culturales estatales/nacionales. Esto depende de voluntad presupuestaria y estrategia de gestión cultural.


La intervención en el Centro Cultural Paso del Norte no es solo mantenimiento: es una ventana para pensar cómo Juárez articula desarrollo económico, memoria urbana y vida cultural. Si las autoridades aseguran continuidad presupuestal, transparencia en contratación y una política pública que vincule rehabilitación con programación, el CCPN podría dejar de ser un equipamiento con problemas para convertirse en una palanca: para la profesionalización del sector cultural, para la reactivación económica alrededor de los eventos y para el fortalecimiento del tejido social en la frontera. Sin esos elementos, la obra puede quedarse en un parche técnico. La diferencia la hará la política pública post-obra: programación, accesibilidad y gestión.

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