Inicia investigación internacional sobre impacto ambiental por cierre del Puente Libre a la carga

Por Ana Paula Kiyama

Lo que comenzó como una preocupación local por la calidad del aire en las zonas habitacionales cercanas al cruce Zaragoza–Ysleta, hoy ha escalado a una revisión ambiental de alcance internacional. Este fin de semana, la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) —organismo trinacional que opera bajo los acuerdos ambientales paralelos al T-MEC— abrió formalmente una investigación solicitada por la ANIERM Chihuahua, ante el posible aumento de contaminación derivado del cierre del Puente Libre al tráfico de carga.

La petición, presentada por la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), fue integrada al portal oficial del organismo, lo que marca el inicio formal del proceso. La documentación completa ya se encuentra disponible públicamente en los registros de la CCA.

Marcelo Vázquez Tovar, delegado regional de ANIERM en Chihuahua, explicó que el cierre del cruce comercial en el Puente Córdova–Américas obligaría a redirigir el paso de cerca de 190 mil tractocamiones anuales hacia Zaragoza–Ysleta, una zona rodeada por colonias residenciales.

“Hablamos de miles de familias viviendo al sur del cruce Zaragoza–Ysleta, que verían incrementada la congestión y los niveles de contaminación. Nuestro llamado es a revisar los efectos ambientales que no fueron considerados”, señaló Vázquez.

El delegado afirmó que, según ambientalistas consultados, el impacto del reacomodo del flujo vehicular no fue evaluado adecuadamente por las autoridades estadounidenses. Esto, subrayó, podría constituir una violación al Tratado de La Paz, acuerdo ambiental firmado en 1983 por México y Estados Unidos que obliga a ambos países a notificar y analizar cualquier acción gubernamental que pueda afectar el ambiente en un radio de 100 kilómetros a partir de la frontera.

“Estados Unidos no presentó un análisis del impacto del cierre del cruce comercial en BOTA del lado mexicano. Por eso pedimos la intervención de la CCA: están obligados a revisar si hubo un incumplimiento de ese tratado”, añadió.

La ANIERM espera que, con el avance de esta investigación, la CCA pueda incidir directamente ante la EPA, la agencia ambiental estadounidense, para reevaluar la obra y sus efectos transfronterizos.

Mientras tanto, la asociación continúa explorando otras vías institucionales para detener el proyecto, incluyendo gestiones ante la Secretaría de Economía del Gobierno Federal.

“No nos hemos rendido. Seguimos utilizando todos los recursos posibles para evitar que se cierre el Puente Libre a la carga y proteger a las comunidades afectadas”, concluyó Vázquez.