Movilidad en riesgo: El futuro incierto del BRT en Ciudad Juárez

Por: José Mario Sánchez Soledad

La historia del sistema de transporte BRT (Bus Rapid Transit) en Ciudad Juárez no es reciente ni producto de una ocurrencia política pasajera. Sus raíces se remontan a la administración del presidente municipal Francisco Villarreal Torres, cuando surgió la visión de transformar la movilidad urbana en la frontera. Inspirados por modelos internacionales como el de Curitiba, Brasil, se comenzó a gestar la idea de un sistema que ofreciera transporte digno, eficiente y sostenible para una ciudad en constante crecimiento.

Desde entonces, durante casi tres décadas, instituciones, profesionistas y organismos han trabajado para convertir en realidad este proyecto que busca integrar a la ciudad, reducir desigualdades y modernizar su infraestructura. Hoy, el BRT representa no solo una solución técnica, sino un compromiso histórico con la calidad de vida de los juarenses.

La inclusión de los hombres-camión: un desafío social clave

Uno de los grandes retos en la implementación del sistema BRT ha sido la inclusión de los llamados “hombres-camión”, propietarios y operadores del transporte colectivo tradicional. Durante décadas, ellos han representado no solo un sector económico, sino también una estructura social profundamente arraigada en la movilidad urbana de Ciudad Juárez.

La transición hacia un esquema moderno como el BRT implicaba riesgos percibidos por ellos: pérdida de ingresos, desplazamiento laboral y afectación de intereses consolidados. Para evitar un rechazo frontal y garantizar la viabilidad del proyecto, fue necesario diseñar estrategias de coadyuvancia, buscando que este grupo participara en la operación del nuevo sistema, ya sea mediante la integración en empresas concesionarias, capacitación o esquemas de compensación. Sin este diálogo y negociación, la transformación del transporte siempre enfrenta una resistencia que complica el avance hacia una movilidad más eficiente y equitativa.

La relevancia del reto social y el marco normativo

La inclusión de los hombres-camión no solo ha sido un desafío operativo, sino también un requisito para acceder a financiamiento y cumplir con estándares internacionales. Organismos como el Banco Mundial y programas federales como PROTAM (Programa de Apoyo al Transporte Masivo) y Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura) establecen que al menos 30% de la inversión en sistemas BRT debe provenir de participación privada. Este criterio busca garantizar la sostenibilidad financiera y, al mismo tiempo, abrir espacio para que actores locales —incluidos los hombres-camión— se integren como socios o concesionarios en el nuevo esquema.

De esta manera, la transición no se plantea como una exclusión, sino como una oportunidad para formalizar y modernizar el sector, evitando conflictos y asegurando que el proyecto sea socialmente aceptado y económicamente viable.

Avances de la administración estatal

La actual administración estatal ha dado pasos significativos para consolidar el sistema BRT en Ciudad Juárez. Entre los logros más relevantes se encuentra la funcionalidad del carril confinado, que garantiza la operación exclusiva de las unidades y mejora la eficiencia del servicio. Además, se avanzó en la construcción y adecuación de estaciones, diseñadas para ofrecer comodidad y seguridad a los usuarios. A esto se suma la dotación de autobuses equipados bajo estándares BRT, lo que representa un cambio sustancial frente al transporte tradicional.

Estos avances marcan un punto de inflexión en la movilidad urbana y sientan las bases para que el sistema opere de manera integral y profesional.

El problema financiero detrás de la falta de unidades

A las empresas conformadas por los antiguos hombres-camión, hoy concesionarias del sistema BRT, se les ha señalado por no cumplir con la entrega de los autobuses comprometidos. Sin embargo, rara vez se reconoce que esta situación se originó en la cancelación del fondo de garantía de Banobras por parte del gobierno estatal, un instrumento clave para cubrir los enganches de las unidades. A ello se suma la ausencia de un fideicomiso transparente, que debía funcionar como garantía y fuente de repago para la banca y las armadoras bajo reglas claras.

Sin estos mecanismos, el acceso al financiamiento se volvió prácticamente imposible para las empresas concesionarias, generando un cuello de botella que ha retrasado la operación plena del sistema. Este vacío institucional no solo impacta la confianza de los actores privados, sino que pone en riesgo la sostenibilidad del modelo BRT en la ciudad.

Opacidad en costos y riesgos financieros

Otro obstáculo que amenaza la consolidación del BRT en Ciudad Juárez es la falta de transparencia en el costo real del servicio. Las empresas concesionarias, conformadas en gran parte por los antiguos hombres-camión, se han visto obligadas a subsidar la operación con deuda, lo que compromete su viabilidad financiera. A esta problemática se suma la intención de cambiar el esquema de pago de un modelo por kilómetro recorrido a uno de dispersión, sin reglas claras ni métodos transparentes para calcular los costos.

Esta opacidad genera incertidumbre entre los operadores, dificulta la planeación financiera y abre la puerta a conflictos entre concesionarios y autoridades. Sin un marco regulatorio sólido y transparente, el riesgo es que el sistema pierda credibilidad y se frene el objetivo de ofrecer un transporte digno y eficiente.

Percepción de estatización y sus implicaciones

En el contexto actual, existe la percepción de que la administración estatal busca estatizar la totalidad del sistema BRT, reduciendo o eliminando la participación de empresas privadas. Si bien es cierto que el gobierno del estado tiene la facultad legal para operar el servicio por sí mismo, no se ha analizado con profundidad qué sucedería si se cancelan las concesiones otorgadas.

Las empresas que participaron en la convocatoria oficial desde 2019 asumieron compromisos financieros, adquirieron deuda y generaron pasivos laborales bajo la premisa de un modelo mixto. Una eventual cancelación no solo implicaría litigios y costos indemnizatorios, sino también un impacto en la confianza empresarial y en la viabilidad de futuros proyectos de movilidad.

Escenarios posibles

Frente a este panorama, surgen tres caminos:

1. Estatización total sin compensación, con consecuencias jurídicas y económicas graves.

2. Estatización con indemnización y absorción de deuda, que reduciría el riesgo legal pero impondría una fuerte presión fiscal.

3. Un modelo mixto ajustado y transparente, que mantenga la participación privada bajo reglas claras y reestructure el financiamiento.

La última opción parece la más sensata. Para ello, es indispensable reactivar el fideicomiso de garantía, definir un marco regulatorio transparente sobre costos y métodos de pago, y establecer mesas de diálogo con concesionarios para evitar conflictos. Sin estas acciones, cualquier decisión unilateral podría comprometer no solo la viabilidad del BRT, sino también la confianza en futuros proyectos de movilidad.

Urge que integrantes de la sociedad civil y el empresariado participen como terceros observadores para coadyuvar en la solución del problema.

Ciudad Juárez necesita un sistema de transporte moderno, eficiente y socialmente incluyente. Pero también requiere certeza jurídica, transparencia financiera y voluntad política para que este esfuerzo histórico no se convierta en una fuente de conflicto y pérdida de oportunidades. Los usuarios juarenses se lo merecen.