Proyecto Júpiter: promesas de desarrollo y controversia en la frontera

El Proyecto Júpiter, una iniciativa que promete transformar el desarrollo económico y tecnológico en Santa Teresa, Nuevo México, en colaboración del CODER Juárez  con New Mexico Border Authority y Border Alliance Digital, promete un campus de infraestructura digital de última generación, diseñado bajo un modelo sostenible que protege los recursos de agua y energía. La inversión estimada asciende a $165 mil millones de dólares, posicionando a la región como un hub binacional de innovación y competitividad.

Fuente |Carlos Parra at Borderplex Digital

Entre los beneficios económicos y sociales se destacan:

• 2,500 empleos de construcción durante la obra.

• 750 empleos permanentes en los primeros tres años.

• Una derrama anual superior a $55 millones en nómina.

• Más de $300 millones en ingresos adicionales para el condado, destinados a infraestructura y servicios locales.

El Proyecto Júpiter sigue generando debate. La Junta de Comisionados del Condado de Doña Ana aprobó recientemente, con cuatro votos a favor y uno en contra, la emisión de bonos de ingresos industriales para financiar el complejo, en medio de protestas de residentes y alertas de autoridades locales sobre posibles impactos sociales y ambientales.

Desde Ciudad Juárez, el proyecto recibe un respaldo decidido. Juan Acereto Cervera, representante del gobierno municipal en El Paso, destacó que iniciativas como Júpiter representan inversiones estratégicas que pueden detonar la competitividad binacional, colocando a la región en una posición privilegiada por su relevancia tecnológica. “Es necesario atender los intereses de la comunidad, pero también debemos comprender que las tecnologías propuestas son de vanguardia y traerán mayores beneficios a ambas naciones”, afirmó.

En la misma línea, Tania Maldonado Garduño, directora de Desarrollo Económico de Juárez, enfatizó que el proyecto generará empleos y oportunidades de desarrollo “que no se han dado en muchos años”, y destacó el apoyo de autoridades mexicanas, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, para impulsar un polo de bienestar económico en la región fronteriza.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, incluso sostuvo reuniones con los promotores del proyecto, como Lanham Napier, presidente de BorderPlex Digital Assets, para fomentar la inversión y promover el proyecto ante universidades y actores locales.

Choque de perspectivas: promesas vs. riesgos

La aprobación de bonos, que incluye incentivos fiscales por 30 años y la obligación de aportar 12 millones de dólares anuales al condado, se presentó como una oportunidad histórica: se proyecta la creación de 750 empleos de tiempo completo, 50 de medio tiempo y 2,500 empleos temporales durante la construcción, priorizando mano de obra local. El consumo de agua estimado, según los promotores, será de 20 mil galones diarios, equivalente al gasto promedio de unas 50 casas.

Sin embargo, la oposición ciudadana y autoridades de Sunland Park cuestionan la decisión. El alcalde Javier Perea solicitó detener la votación por preocupaciones sobre agua, vivienda y carreteras. Activistas como Daisy Maldonado, de Empower NM, denunciaron la falta de estudios ambientales y económicos completos y alertaron sobre los posibles efectos a largo plazo: “Los 2,500 empleos de construcción desaparecerán en dos años y medio. Lo que quedará serán varios centros de datos masivos consumiendo nuestra agua y una planta de gas natural que también consumirá nuestra agua y contaminará nuestro aire. Lo que quedará será una comunidad sacrificada otra vez”.

Durante la sesión, que se extendió por más de siete horas, la sala se llenó de manifestantes que denunciaban que la decisión estaba predeterminada, y que los intereses económicos habían prevalecido sobre las necesidades de la comunidad. La comisionada Susana Chaparro, única en votar en contra, defendió la necesidad de priorizar la voz de los ciudadanos y exigir información completa antes de autorizar un proyecto de tal magnitud.

Balance crítico

El Proyecto Júpiter representa un potencial de desarrollo económico sin precedentes para la frontera, con promesas de innovación, empleos y derrama fiscal significativa. Pero también evidencia un déficit en participación ciudadana y transparencia, así como riesgos ambientales y sociales que podrían afectar la calidad de vida local.

La controversia pone de manifiesto un dilema recurrente en la región fronteriza: ¿cómo equilibrar la llegada de inversiones estratégicas de alto valor con la protección de recursos naturales, infraestructura y bienestar comunitario? Hasta ahora, los defensores ven en Júpiter un catalizador para la competitividad binacional, mientras que la comunidad afectada teme que los beneficios sean efímeros y los riesgos permanentes.

Sin embargo, el proyecto, liderado por STACK Infrastructure, destacó su compromiso con la sostenibilidad: no evaporará agua para enfriar los centros de datos, limitará su consumo hídrico al equivalente de una oficina de 750 empleados y generará su propia energía limpia, sin afectar la tarifa eléctrica ni la confiabilidad de los recursos. Además, invertirá en infraestructura hídrica para beneficio del condado.

Más allá de los números:

El Proyecto Júpiter es mucho más que un centro de datos. Su importancia para la región fronteriza radica en una diversificación económica, competitividad binacional y fortalecimiento del capital humano. Pero no todo lo bueno es sencillo, presenta retos de capital humano con riesgos de talento externo; un impacto social y urbano; dependencia de grandes inversionistas; crisis en la sostenibilidad del proyecto.

El Proyecto es un catalizador potencial de desarrollo económico y tecnológico que puede transformar la frontera en un hub competitivo y sostenible. Pero para que el impacto sea real, equitativo y duradero, se requiere visión estratégica, preparación del capital humano y coordinación efectiva entre gobiernos, empresas y sociedad civil. Solo así la región podrá convertir esta inversión millonaria en un verdadero motor de prosperidad binacional.

El futuro del proyecto dependerá no solo de las decisiones de los comisionados y autoridades municipales, sino de la capacidad de las comunidades para exigir transparencia, estudios completos y participación activa en el desarrollo de su región. Júpiter no es solo un centro de datos: es una prueba de cómo se define el equilibrio entre progreso y justicia social en la frontera.